El magistrado Javier Hilbert Arpasi Pacho, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Puno (CSJPU), desarrolló en la víspera, la audiencia virtual de control de identidad de los investigados; Agustín Luque Chayña, John Wilfredo Martínez Molina, Hans Jonathan Larico Apaza y Liliana Paola Larico Bermejo, luego que el juzgado en mención, determinara su detención preliminar por el plazo máximo de siete días.
Como se sabe, todos ellos están implicados en la investigación preliminar por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública – Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en su modalidad de Concusión, y en su forma de Colusión Agravada, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, en agravio del Estado Peruano – Gobierno Regional de Puno.
Durante el inicio de la audiencia, también se presentaron los abogados de los investigados. En el caso del gobernador regional de Puno, Agustín Luque, su defensa es Luzmila Japura Cruz, quien sería pareja de Enrique Almonte Pilco, actual asesor del GORE-Puno.
En el caso del jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Wilfredo Martínez, su defensa de libre elección es el abogado José Luis Ramos Jallo. Mientras que el abogado Guido Villasante Parra, asumirá la defensa de Hans Jonathan Larico Apaza y Liliana Paola Larico Bermejo.
Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, Agustín Luque en su condición de funcionario público, como gobernador regional, habría intervenido indirectamente en la ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno”, que ejecuta el Consorcio Hospitalario Manuel Núñez, representado por Chen Junkun.
Durante la ejecución de la obra, se aplicaron penalidades de las valorizaciones, por lo que la empresa constructora solicitó al Gobierno Regional de Puno una conciliación al respecto; es así que el gobernador regional, emite una Resolución Ejecutiva que delega facultades al abogado Jhon Martínez, jefe de la oficina Regional de Asesoría Jurídica, para que asuma la representación de la institución en la conciliación, la misma que se llevó adelante pese que esta debería haberse realizado mediante la Procuraduría Pública, que ya tenía conocimiento de este caso.
La mencionada conciliación, fue llevada a cabo por los abogados del Centro de Conciliación Extrajudicial “Mediar Puno”, Liliana Larico Bermejo; en su condición de conciliadora extrajudicial y Hans Larico Apaza.
El Ministerio Público considera que se ha causado perjuicio económico de más de 500 mil soles al Estado – Gobierno Regional de Puno, en razón de que mediante la subscripción del acta en mención se le habría liberado de todas las penalidades que prevé el Art. 48 de la Ley de Contrataciones del Estado.
