Continúa audiencia de prisión preventiva contra el gobernador regional de Puno, Agustín Luque


Audiencia en contra de Agustín Luque
Fotografía: Audiencia en contra de Agustín Luque

El fiscal anticorrupción William Otazú Pinto, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, solicitó hoy ante el Poder Judicial, 9 meses de prisión preventiva para el gobernador regional Agustín Luque Chayña y otros, por el presunto delito de colusión agravada.

La audiencia se lleva adelante en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delito de Corrupción de la Corte Superior de Justicia de Puno. Y será el Juez Youl Riveros Salazar, quien tomará la decisión de admitir o rechazar la petición de la Fiscalía de Puno.

Durante la audiencia el fiscal William Otazú, señaló que el imputado Luque Chayña no cuenta con arraigo domiciliario, ya que ostenta hasta el momento 3 domicilios, generándose contradicciones durante las diligencias, mientras que, en el arraigo laboral permanente, se precisa que haciendo uso de su cargo se le investiga por el delito de colusión agravada, además es pasible a ser sometido a una suspensión como gobernador por el Consejo Regional de Puno.

Sobre el arraigo familiar, señaló que el imputado no aportó documentación que acredite la carga familiar que tiene, tales situaciones concluyen que no se garantiza su permanencia en la jurisdicción de la provincia de Puno. Además, citó el informe de migraciones, donde se registra la frecuencia salidas del país hacia Bolivia.

Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, Agustín Luque en su condición de funcionario Público, como gobernador regional de Puno, habría intervenido indirectamente en la ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno”, que ejecuta el Consorcio Hospitalario Manuel Núñez, representado por Chen Junkun.

El Ministerio Público considera que se ha causado perjuicio económico de más de 500 mil soles al Estado – Gobierno Regional de Puno, en razón de que mediante la subscripción del acta de conciliación se le habría liberado de todas las penalidades al consorcio antes mencionado.