La Contraloría General determinó un perjuicio económico de S/ 72 576 en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de la provincia de Melgar de la región de Puno, como resultado de irregularidades cometidas en el procedimiento para adjudicar la obra de instalación de agua potable y letrinas en el sector Pancca Yancaña, donde el comité de selección admitió al postor que presentó mayor oferta económica y pese a haber otros postores con mejores condiciones económicas.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 028-2022-2-0462-SCE, el perjuicio económico fue ocasionado por las acciones y decisiones que adoptó el comité de selección designado para llevar a cabo el procedimiento de selección, quien pese a tener conocimiento del contenido de las bases integradas no admitió otras ofertas de postores.
Cabe señalar que el citado comité no admitió las ofertas de otros cuatro postores, pese a que estos cumplieron con la presentación de los documentos obligatorios establecidos en las bases integradas, y justificó su decisión en observaciones sin sustento, generando así condiciones favorables para la evaluación del postor que presentó una mayor oferta económica (que tuvo una diferencia de S/ 72 576 respecto al valor referencial de la obra de S/ 725 761), lo que limitó a la entidad a contratar bajo mejores condiciones económicas.
Aunado a ello, el jefe de la Unidad de Logística, quien a la vez era miembro del comité de selección, ni cuestionó, al momento de la firma del contrato, que el postor ganador incumplió con acreditar la experiencia del personal clave (residente de obra) exigido en las bases integradas. Asimismo, conjuntamente con el Administrador Municipal, permitió que el contrato del procedimiento de selección sea suscrito por una persona distinta al representante legal reconocido por el consorcio.
El informe, elaborado por Órgano de control Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar fue comunicado al alcalde distrital de Santa Rosa y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de los procedimientos administrativos y acciones legales penales respectivamente, contra los cinco funcionarios ediles con presunta responsabilidad penal y/o administrativa en los hechos irregulares.
Fuente: La Contraloría General de la República
