Darío Portillo Romero, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), recordó que si un funcionario y el titular del pliego (gobernador – alcalde), no cumplen con ejecutar los recursos en favor de las personas con discapacidad en principio tendrán responsabilidad funcional y administrativa.
Sin embargo, si el documento no se asigna para la discapacidad y se destina a otros rubros, como: la construcción de carreteras, escuelas, la autoridad estaría incurriendo en malversación de fondos, por el mal uso de los recursos del estado.
Reveló que, en los gobiernos regionales y locales, los jefes de planeamiento y presupuesto no están tomando en cuenta que es la obligación del estado derivar estos recursos para el sector de las personas con discapacidad, lo que será fiscalizado estrictamente desde el próximo año.
Asimismo, la persona con discapacidad que considere que sus derechos han sido vulnerados por parte de la autoridad o funcionarios pueden denunciarlos penalmente por no cumplir con la ley.
