La presidenta Dina Boluarte y su mensaje acerca de quedarse en el poder hasta el 2026, que implica la permanencia del Congreso, generó el rechazo rotundo de las organizaciones sociales como las bases ronderiles que agrupa la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc). Estas exigen su renuncia por decencia para recuperar la legitimidad y la gobernabilidad, las cuales, según afirman, resultaron afectadas por las decisiones del Ejecutivo y Legislativo y, por ello, desencadenaron la crisis política.
Desde Cajamarca
En declaraciones a medios de comunicación de alcance nacional, el vicepresidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, Aladino Fernández Rubí, lamentó que la presidenta Dina Boluarte haya cerrado el tema del adelanto de elecciones, lo que “exacerba los ánimos de los peruanos”, dijo.
«Sus palabras nos indignan. Es una burla a los peruanos. Ella (Dina Boluarte) aseguró que estaba de acuerdo con el recorte del período del mandato presidencial. Fue una mentira que nos impulsa a salir a las calles a protestar con más fuerza hasta lograr su renuncia. No es posible que la presidenta se entornille en un cargo que no le corresponde», subrayó Fernández.
Desde Chota
Por su parte, el presidente de la Central de Rondas Campesinas de Chota, Noé Rafael Campos, refirió que los frentes cívicos sabían que Dina Boluarte no es sincera y que su propósito fue ser la máxima autoridad del Perú. “Ahora, la señora Boluarte siempre quiso ser presidenta y se siente fortalecida con los grupos de derecha y el apoyo del Congreso, integrado por parlamentarios investigados. ¿Acaso no tienen vergüenza de aferrarse a sus puestos? Nadie los quiere”, exclamó Rafael.
Desde Piura
En su turno, el representante de la Federación Regional de Rondas Campesinas y Comunidades Campesinas de Piura, Santos Montalván Castillo, aseveró que Dina Boluarte, al querer quedarse hasta el 2026 en la presidencia del Perú en alianza con el Congreso, se convierte en un «dardo mortal» contra la soberanía y la institucionalidad. Además, resta credibilidad a las entidades que administran justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Fuente: La República.
