“Lo que importa es evitar la prescripción de los delitos además de que las pruebas se visibilicen y se sancione de acuerdo a ley”, dijo el excongresista Juan Pari.
Luego de darse a conocer que, el fiscal superior peruano Rafael Vela Barba, fue repuesto el pasado miércoles, como jefe del equipo especial que, investiga el caso Lava Jato en Perú, tras haberse emitido la semana pasada una orden judicial que suspendió una sanción impuesta por dos infracciones administrativas muy graves. Al respecto, el excongresista, Juan Pari Choquecota, comentó que, esta acción podría ser el inicio del desbaratamiento de la corrupción de altos funcionarios que venían burlándose de las leyes peruanas.
Así mismo refirió que, ya en años anteriores se ha definido los delitos cometidos en el Perú, los cuales involucran a diversas empresas como Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Graña y Montero, JJC, Obrainsa, y otras, las cuales son acusadas de haber pagado grandes coimas a funcionarios públicos para ganar licitaciones de obras públicas.
El también presidente de la primera comisión investigadora del caso Lava Jato, del entonces Congreso de la República, detalló en la misma línea que, el Equipo Especial de Fiscales del caso “Lava Jato”, a la fecha viene investigando más de 160 procesos penales, incluyendo juicios orales como los de los expresidentes del Perú, caso de Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, así como procesos de colaboración eficaz en curso, los cuales permiten que a través de acuerdos, los acusados colaboren con la Justicia, revelando información e identificando responsables.
“Lo que importa en estos momentos es evitar la prescripción de los delitos además de que las pruebas se visibilicen y se sancione de acuerdo a ley”, expresó. Al tiempo de referir que, el próximo lunes 1 de julio del año en curso se iniciará el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acusada de lavado de activos, organización criminal y otros delitos por el caso Cócteles, referido a supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2011 y 2016.
“También las fechas te indican ciertos comportamientos políticos, el primero es que se está intentando tener el tiempo suficiente para debilitar al Ministerio Público, y, por otro lado, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Perú, pronunciarse sobre la situación del expresidente Alberto Fujimori, hasta el mes de julio”, agregó.
