“Ni el Congreso de la República ni el Tribunal Constitucional han respetado el debido proceso para suspender regularmente a los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia y eso amerita una drástica sanción”, opinó exprocurador regional.
El exprocurador del Gobierno Regional de Puno, Santiago Molina, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional que volvió a inhabilitar a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez de la Junta Nacional de Justicia, lo que fue denominado como “un atropello inconstitucional a la Constitución Peruana”.
Enfatizó que siguiendo el debido proceso regular y “normal”, una vez conocido el fallo del Poder Judicial, el Congreso de la República debió de impugnar dicha decisión adoptada por este ente judicial, lo que no se ha realizado en ningún momento, lo que constituiría en una irregularidad.
Enfatizó en este contexto que el Tribunal Constitucional, pese a sus competencias, no tiene atribuciones para haber adoptado la medida de suspender a los ex miembros de la Junta Nacional de Justicia.
“El Tribunal Constitucional ha cometido un delito sancionable, además hay que tener presente que ha sido prácticamente fraudulento la decisión tomada por el Congreso de la República, quien, pese a tener conocimiento de que los parlamentarios que pertenecen a la Comisión Permanente, no pueden emitir su voto bajo ninguna circunstancia porque es considerado sujeto a la nulidad de la votación. Sumado a esta irregularidad está el Tribunal Constitucional que, en vez de recordar las normas, ha respaldado esta ilegal decisión” precisó.
