El Congreso de la República busca inhabilitar y acusar por abuso de autoridad a la Junta de Fiscales Supremos


Junta de Fiscales Supremos

Los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, presentaron una denuncia constitucional contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos por haber defendido sus competencias frente a la ley que faculta a la PNP a dirigir la investigación preliminar de delitos

Los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) presentaron una denuncia constitucional contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, por haber defendido sus competencias ante la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a dirigir las investigaciones preliminares de delitos.

La denuncia constitucional de estos tres congresistas indica que los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos cometieron infracciones a la Constitución y abuso de autoridad. Es por ello que, plantean un proceso de antejuicio y juicio político que tiene como máximas sanciones la imputación de delitos y la inhabilitación de la función pública.

El pasado 11 de octubre, el exfiscal de la Nación, Juan Villena, rechazó la ley que faculta a la PNP a dirigir indagaciones preliminares y recalcó que existe una demanda de inconstitucionalidad sobre decretos legislativos de similar índole que está pendiente de resolverse en el Tribunal Constitucional.

Cabe recordar que, en diciembre del 2023 el Ejecutivo publicó los decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611 para que la PNP conduzca las pesquisas preliminares. En setiembre el Congreso aprobó la Ley 32130 que faculta a la PNP a liderar las investigaciones, pese a que la Constitución faculta la dirección al Ministerio Público.

El miércoles 11 de setiembre la Junta de Fiscales Supremos, Fiscales Provinciales y coordinadores de Fiscalías Especializadas y Equipos Especiales del Ministerio Público emitieron un pronunciamiento señalando que la Ley 32130 es inconstitucional.

Fuente: La República