La demanda presentada ante el Juzgado Mixto de Desaguadero busca proteger los derechos de las comunidades frente a proyectos mineros sin consulta previa
Rubén Primitivo Llave Gómez, presidente de la comunidad Chacocollo y su anexo Isca Chacocollo, en el distrito de Kelluyo, dio a conocer que el pasado 23 de octubre presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Mixto de Desaguadero contra las concesiones mineras, ya que no se ha realizado la consulta previa de los predios y comunidades.
Explicó que la demanda es contra el proyecto minero Santa Ana y el Estado: “Muchas autoridades de las comunidades han sido criminalizadas y judicializadas; ante esta situación, hemos decidido interponer una demanda de amparo, buscando que las instancias superiores protejan nuestros derechos, reconocidos por la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», afirmó.
Asimismo, mostró su indignación ante el actuar del Estado peruano, señalando que los integrantes de las comunidades cuidan las parcialidades, vigilan las fronteras, entre otras acciones. Sin embargo, son tratados como invisibles e ignorados en las decisiones de las políticas de gobierno: “El Estado nunca estuvo presente en nuestras comunidades, pero cuando se trata de concesiones mineras, las otorgan con facilidad, sin respetar nuestra decisión”, subrayó.
Pidió ser escuchados en sus peticiones ante instancias como el Poder Judicial, el Ministerio de Energía y Minas y las autoridades competentes: “Estamos en contra de la minería porque vivimos de la agricultura, ganadería y del agua para tomar; no recibimos beneficios de la minería”, explicó.
Finalmente, recordó que este proyecto minero ha operado en el distrito de Kelluyo, donde se realizó la exploración y comenzó la explotación, pero se detuvo el proceso. Cabe mencionar que el Juzgado admitió la demanda constitucional y dispuso que, una vez notificadas, las partes demandadas realicen su descargo en un plazo de 10 días.
