El exministro de Energía y Minas es acusado de conflicto de intereses al asumir el cargo sin renunciar a su empresa vinculada al sector minero
El Ministerio Público ha presentado una denuncia constitucional contra Rómulo Mucho, exministro de Energía y Minas durante el gobierno de Dina Boluarte, por presunta aceptación indebida de cargo, lo que podría afectar gravemente al Estado. La denuncia surge luego de que se identificara que Mucho, antes de asumir el cargo ministerial, no cumplió con los requisitos legales establecidos por la normativa vigente.
Según la Fiscalía, Mucho Mamani ocupaba hasta horas antes de su juramentación el puesto de gerente general y tenía el 63 % de las acciones de la empresa Pevoex Contratistas S.A.C., una firma directamente vinculada al sector minero. Este hecho, que se considera un claro conflicto de intereses, está en contra de lo estipulado en la Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación formal.
La normativa establece que los funcionarios públicos deben evitar situaciones que puedan comprometer su imparcialidad, especialmente si están involucrados en actividades económicas relacionadas con el sector en el que van a desempeñar funciones públicas. De acuerdo con la acusación, al no renunciar a su puesto ni transferir sus acciones antes de asumir el cargo, Mucho habría infringido las leyes de conflicto de intereses, lo que podría haber influido en sus decisiones como ministro de Energía y Minas.
El proceso legal comenzó luego de una denuncia presentada por el congresista Jaime Quito, respaldada por un informe de la Contraloría General de la República, que reveló irregularidades en los documentos presentados por Mucho. Entre las omisiones encontradas se destaca la falta de declaración de su participación accionaria en diversas empresas vinculadas al sector minero, lo que intensificó las sospechas de un conflicto de intereses. Un caso clave fue Pevoex Contratistas S.A.C., cuyo vínculo con la minería y contratos con empresas como Southern Peru Copper Corporation elevó la gravedad del asunto.
El exministro defendió su accionar, alegando que había dejado de ser accionista de la compañía en agosto de 2023, basándose en una resolución judicial que, según él, no afectaba su titularidad. Sin embargo, la investigación reveló que todavía mantenía la mayoría de las acciones en la empresa, lo que contradice su declaración oficial.
Este caso ha generado una creciente preocupación sobre la transparencia y la ética en el ejercicio del poder público, particularmente en un momento de debate crucial sobre proyectos mineros como el de Tía María, que involucra a las mismas empresas con las que Mucho tenía relación. La investigación continúa, y el Congreso será el encargado de definir las responsabilidades en este proceso legal que pone en juego la confianza en el gobierno y sus autoridades.
Fuente: Infobae
