Fiscalía de Puno cierra investigación sin hallar responsables tras el grave incidente de intoxicación en el colegio de Cabana, mientras surgen denuncias de sobornos y posibles vínculos con empresas involucradas
A casi un año de la intoxicación de 23 niños en la región de Puno, la justicia no ha logrado identificar a los responsables del incidente que afectó gravemente la salud de los escolares de la localidad de Cabana. La fiscal encargada del caso, Beatriz Cahuari Durand, emitió un informe en el que concluyó que, a pesar de las amplias investigaciones, no ha encontrado pruebas suficientes que vinculen a responsables directos.
El caso, ocurrido el 25 de marzo de 2024, dejó a los estudiantes con síntomas de fiebre, vómitos y dolores estomacales tras consumir arroz chaufa con conservas de pollo “Don Simón”, fabricadas por Peruvian Aliment Company SAC, propiedad de Nilo Burga Malca, también dueño de la empresa Frigoinca. Sin embargo, la fiscal Cahuari argumenta que aún no se dispone de elementos suficientes para incriminar a alguien, a pesar de testimonios, informes médicos y análisis de laboratorio que apuntan a posibles culpables.
En los últimos informes del caso, la fiscal subrayó la falta de resultados concretos en los análisis de las conservas de pollo y de las historias clínicas de los menores afectados. Este vacío de evidencia ha llevado a la investigación a ser archivada provisionalmente, sin una conclusión clara sobre las responsabilidades legales.
Además, se han destapado escandalosos vínculos entre las empresas involucradas y presuntos actos de corrupción. Según revelaciones de investigaciones periodísticas, la representante de Frigoinca, Noemí Alvarado Llanos, habría sobornado a funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Puno, lo que habría facilitado la evasión de responsabilidad de la empresa. También se descubrió que el laboratorio encargado de analizar las conservas, Mevalab, tenía lazos estrechos con Frigoinca, aumentando las sospechas de manipulación en los resultados.
El abogado de las víctimas, César Quispe Calsín, expresó su preocupación por la aparente falta de avances en la investigación y advirtió que todo apunta a un posible camino hacia la impunidad. La fiscalía, por su parte, ha mantenido silencio y no ha emitido nuevos pronunciamientos desde la última actualización en febrero.
Este caso, que involucra la salud y la seguridad de niños en un programa estatal de alimentación escolar, deja una sensación de indefensión ante el poder de las grandes empresas y la corrupción que parece proteger a los responsables. La comunidad y los afectados esperan justicia, pero el panorama es desolador.
