El flamante ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, asume su cargo mientras su historial de corrupción y escándalos pone en duda su capacidad para garantizar la seguridad en el país
El reciente nombramiento de Julio Díaz Zulueta como nuevo titular del Ministerio del Interior ha sido recibido con diversas reacciones. Ex viceministro de Seguridad Pública, Díaz Zulueta fue parte clave de la gestión de Santiváñez y, en 2024, realizó controversiales declaraciones sobre la seguridad ciudadana en Perú, afirmando que el país es uno de los mejores en América Latina en esta área. Unas palabras que contrastan con la creciente preocupación por los altos índices de criminalidad en varias regiones del país.
Sin embargo, este nombramiento ha reavivado el recuerdo de varios escándalos en los que Díaz Zulueta se vio envuelto, lo que ha generado un aire de inestabilidad en el sector de seguridad. Su destitución como jefe de la II Macro Región Policial de Lambayeque en 2020 se debió a su implicación en un caso de corrupción relacionado con la compra irregular de equipos de bioseguridad durante la pandemia. Se le acusó de liderar la adquisición de productos defectuosos que ponían en peligro la salud de los policías de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas.
El caso de los equipos de protección inadecuados ha provocado una fuerte indignación, pues se reveló que el «alcohol en gel» distribuido a los efectivos policiales contenía solo un 6% de alcohol metílico, una sustancia tóxica que aumentaba el riesgo de contagio de COVID-19 entre los agentes. Además, las investigaciones señalan que el ex general podría estar involucrado en otras prácticas corruptas, como el escándalo del «Cártel de la construcción» en 2020, vinculado a la usurpación de terrenos en las localidades de Cayalti y Pucalá.
A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Anticorrupción, las investigaciones se complican, y se espera que haya más diligencias, incluyendo detenciones y allanamientos, para esclarecer los hechos. El nombramiento de Díaz Zulueta como ministro ha generado preocupaciones sobre la estabilidad del sector, con su séptima designación en lo que va del gobierno de Dina Boluarte, reflejando una continua inestabilidad en la gestión de la seguridad pública en Perú.
