La bancada impulsa acusaciones constitucionales y cambios en el reglamento del Congreso que podrían debilitar la autonomía del Ministerio Público, generando alerta en distintos sectores.
El partido Fuerza Popular ha intensificado sus acciones contra la Junta de Fiscales Supremos, promoviendo una denuncia constitucional y una reforma legislativa que busca facilitar la suspensión de altos funcionarios judiciales. El congresista Fernando Rospigliosi, junto con sus colegas Alfredo Azurín y José Cueto, presentó una acusación contra los fiscales Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Villena y Zoraida Ávalos, alegando que incurrieron en infracciones constitucionales, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica por no aplicar la Ley 32130, que otorga a la Policía Nacional del Perú la facultad de dirigir investigaciones preliminares.
Simultáneamente, la congresista Patricia Juárez ha impulsado un proyecto para modificar el Reglamento del Congreso, permitiendo la suspensión de altos funcionarios con solo 50 votos en el Pleno durante procesos de acusación constitucional. Esta propuesta reduciría significativamente el umbral actual de 67 votos, lo que facilitaría la suspensión de los fiscales supremos mientras se les investiga.
Estas iniciativas han generado preocupación entre diversos sectores, que las interpretan como un intento de debilitar la autonomía del Ministerio Público y ejercer presión sobre los fiscales que investigan casos sensibles. La posibilidad de suspender a funcionarios judiciales con una mayoría simple en el Congreso podría sentar un precedente que afecte la independencia del sistema judicial peruano.
Fuente: La República
