Más de 200 venezolanos han sido enviados a la «megacárcel» de El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra de 1798. El máximo tribunal de EE.UU. detiene las deportaciones y desata una tormenta legal y política
Más de 200 venezolanos fueron detenidos y deportados desde ciudades como Miami, Houston, Chicago y Nueva York, terminando en celdas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la infame «megacárcel» de El Salvador. Todos ellos, según el expresidente Donald Trump, estarían vinculados al Tren de Aragua, la temida banda criminal de origen venezolano. Lo sorprendente: no se presentaron pruebas. Y aún más polémico: la deportación se realizó amparada en una ley de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros.
Este antiguo instrumento legal fue diseñado para tiempos de guerra y permite al presidente estadounidense detener y expulsar a ciudadanos de países con los que EE.UU. esté en conflicto armado. La ley fue utilizada por última vez durante las guerras mundiales para internar a ciudadanos alemanes, italianos y japoneses.
En 2025, Trump revivió esta norma bajo el argumento de que el Tren de Aragua representaba una «incursión predatoria» contra EE.UU. y firmó una orden que autoriza la detención y expulsión de cualquier venezolano mayor de 14 años presuntamente relacionado con esta organización, sin importar si existe evidencia concreta o no.
La decisión ha provocado un fuerte rechazo. Diversos expertos en derecho y derechos humanos denuncian que la ley permite proceder sin garantías judiciales, eliminando derechos básicos como el debido proceso o la posibilidad de apelar. La experta del Centro Brennan para la Justicia, Katherine Yon Ebright, advirtió que esta legislación permite deportar solo con sospechas, sin pruebas.
En respuesta, el juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, ordenó suspender las deportaciones, argumentando que la ley no es aplicable en un contexto sin guerra. Pero su orden fue ignorada. Solo una reciente decisión de emergencia de la Corte Suprema ha detenido nuevas deportaciones. El tribunal ordenó el cese temporal de los traslados para permitir que tribunales menores analicen la legalidad del proceso, a raíz de demandas presentadas por organizaciones civiles.
Desde sectores políticos y sociales han llegado duras críticas. El Centro para el Progreso Americano (CAP) lo calificó como un “peligroso abuso de poder”, recordando que esta misma ley fue usada para internar a miles de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los episodios más oscuros de la historia de EE.UU.
Mientras tanto, las familias de muchos de los deportados claman por justicia, asegurando que sus seres queridos no pertenecen a bandas criminales y que fueron detenidos sin explicación ni juicio. El gobierno no ha presentado pruebas ni ha explicado cómo determinó la supuesta relación con el Tren de Aragua.
La polémica está servida. Lo que está en juego no solo es el destino de cientos de migrantes, sino también los límites del poder presidencial en Estados Unidos y la vigencia de los derechos humanos en contextos de temor e inseguridad.
