El tribunal internacional advierte que la llamada “ley anti ONG” podría ser usada como represalia contra organizaciones que defienden derechos humanos en el caso Fujimori
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano garantizar que la ONG Demus continúe representando legalmente a las víctimas de esterilizaciones forzadas, sin sufrir amenazas o represalias por su labor. Esta decisión responde a preocupaciones sobre la posible aplicación de la conocida “ley anti ONG”, la cual podría restringir o sancionar a organizaciones que acompañan casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El tribunal subrayó la importancia del rol de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente en procesos de justicia internacional. En este contexto, advirtió que limitar su participación representa una amenaza directa al acceso a la justicia de las víctimas.
Uno de los casos más emblemáticos ante la Corte IDH es el de Cecilia Ramos Durand, quien murió en 1997 luego de ser sometida a una esterilización forzada como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impulsado por el régimen de Alberto Fujimori en la década de 1990. Esta política, ampliamente criticada por organismos internacionales, fue denunciada como una forma de violencia de género ejercida principalmente contra mujeres indígenas, rurales y en situación de pobreza.
La Corte instó al Estado peruano a cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar un entorno seguro para las organizaciones que defienden derechos humanos, en particular en casos relacionados con crímenes del pasado.
Fuente: Infobae
