Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires del 9 de enero, anuncia movilización nacional en julio ante dilataciones en las investigaciones y presunta intención de encubrir responsabilidades en la represión de 2022–2023.
Los últimos días del mes pasado, el ministerio público ha dispuesto cambiar a los fiscales que investigan las muertes ocurridas en protestas sociales en contra de la presidenta Dina Boluarte, acontecidas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, dejando en la región Puno 21 fallecidos.
El presidente de la asociación de mártires y víctimas del 9 de enero – Juliaca, Raúl Samillán Sanga, lamentó este proceder al indicar que hasta el momento se ha cambiado en 6 oportunidades a fiscales que llevan este delicado caso, logrando sólo dilatar el proceso con una clara intención de proteger a los responsables de esta masacre.
Indicó que el miércoles pasado se reunieron con la fiscal de la nación Delia Espinosa, quien responsabilizó de este cambio a la Junta Nacional de Justicia, porque ellos habrían nombrado fiscales em derechos humanos.
En ese sentido el presidente anunció que, en el mes de julio, posiblemente el 26, los familiares de las víctimas de protestas sociales de Puno, Ayachuco, Apurimac y Cusco, viajaran a la capital Lima, y ahí emprenderían una movilización en señal de protesta en contra de la Fiscal de la Nación, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y entidades que retrasan las investigaciones.
Para esta movilización se sumarán los familiares de las víctimas de los años 80, 90 y 2000, quienes fueron afectados por la llamada Ley APCI (Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional), además; se sumarán colectivos de derechos humanos.
