Aldo Mariño, tras el asesinato de 13 mineros, lanza grave advertencia sobre el avance del crimen organizado en La Libertad y responsabiliza al Ejecutivo si algo le ocurre
En medio de un clima de tensión y violencia en la provincia de Pataz, en La Libertad, el alcalde Aldo Carlos Mariño lanzó una contundente denuncia pública: ha recibido amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales que operan en la zona y responsabiliza directamente al Gobierno central si estas se concretan.
“Estoy siendo amenazado por delincuentes, criminales, terroristas. No voy a decir minería ilegal, porque si un minero ilegal empieza a amenazar o extorsionar, deja de ser minero ilegal y pasa a ser criminal”, expresó Mariño en declaraciones a Canal N.
La advertencia llega tras el asesinato de 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa, un hecho que ha sacudido a todo el país. El burgomaestre afirmó que las amenazas en su contra son claras y directas. “Me han llegado mensajes que me van a asesinar con balas en la nuca. No tengo miedo. Sé que Dios me cuida. Si eso ocurriese, el único responsable es el Gobierno central por hacer cero contra la criminalidad”, declaró.
Mariño también aseguró que no cuenta con protección personal y que prefiere que la seguridad se brinde al pueblo, el cual vive en constante zozobra. “Lo mismo que ocurre en Pataz ocurre en Trujillo, en Lima, en todo el Perú. La delincuencia no es solo producto de la minería ilegal, es el resultado del abandono del Estado”, agregó.
La situación en la provincia ha llevado al Gobierno de Dina Boluarte a decretar un toque de queda, instalar una base militar y suspender toda actividad minera por 30 días prorrogables. Sin embargo, las medidas han sido calificadas por la población como tardías e insuficientes.
Mariño, visiblemente afectado, ya había criticado la falta de atención estatal en temas como salud y seguridad. “Señores indolentes del gobierno central, atiendan a esta provincia. No nos sigan jodiendo la vida. Nosotros le damos todo el oro al país, solo queremos que nos devuelvan en desarrollo. No sean miserables”, dijo días atrás.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, respondió a las críticas afirmando que el Gobierno no ha descuidado sus funciones y que la Policía actuó de inmediato tras la masacre. No obstante, persisten las dudas sobre la efectividad del accionar estatal frente al crimen organizado en regiones como Pataz.
