Dina Boluarte enfrenta acusaciones por una operación estética encubierta, relojes de lujo no declarados y abuso de poder, mientras el país suma otro capítulo a su crónica presidencial de escándalos y caídas
La presidencia en Perú parece más una condena que un cargo. Dina Boluarte, actual mandataria, enfrenta una serie de acusaciones que la colocan en el ojo del huracán: una operación estética secreta, el escándalo de relojes de lujo conocido como “Rolexgate” y una desaprobación ciudadana del 93%, según Datum Internacional.
Las denuncias más recientes apuntan a que Boluarte abandonó su cargo por casi dos semanas en 2023 para someterse a varias cirugías estéticas entre ellas una rinoplastia y una intervención en los párpados sin informar al Congreso ni delegar funciones, como exige la Constitución. Aunque la presidenta insiste en que fue una operación “necesaria”, su propio cirujano ha declarado públicamente que se trató de procedimientos puramente estéticos, dejando en entredicho la versión oficial.
Este escándalo se suma al “Rolexgate”, en el que se investiga a Boluarte por enriquecimiento ilícito al no declarar la posesión de relojes de lujo, presuntamente entregados como soborno. Aunque ella alega que los relojes fueron “prestados”, la Fiscalía allanó tanto su residencia como el Palacio de Gobierno, en busca de pruebas.
Más grave aún son las investigaciones por la muerte de más de 60 personas durante la represión a las protestas tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, por las cuales Boluarte también está siendo investigada por presuntos delitos de lesa humanidad.
Estos episodios han reforzado una narrativa que persiste desde hace más de dos décadas: la maldición de la presidencia peruana. Desde el año 2000, todos los presidentes salvo interinatos breves han enfrentado acusaciones, procesos judiciales o incluso cárcel. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y el propio Alberto Fujimori forman parte de esa lista negra. Incluso Alan García se suicidó en 2019, cuando iba a ser arrestado.
El caso de Boluarte, que llegó al poder tras la caída de Castillo y que carece de una bancada que la respalde, vuelve a mostrar la fragilidad institucional del país, marcada por la confrontación constante entre el Congreso y el Ejecutivo, el uso político del sistema judicial y la desconfianza generalizada de la ciudadanía.
Mientras tanto, el país se encamina a nuevas elecciones en 2026 con más de 40 candidatos inscritos, muchos sin partidos sólidos ni propuestas claras. Como bromean algunos analistas: “lo único que produce Perú más que café, son candidatos presidenciales”.
