“El Estado no debe esperar al CIADI, debe incautar ya los activos del gasoducto y reactivar el proyecto sur andino”, enfatizó especialista en temas energéticos


Especialista en temas energéticos
Especialista en temas energéticos

Sandra Chevarría advierte que el Estado no debe esperar el fallo del CIADI y propone que Petroperú lidere una nueva estrategia energética con enfoque descentralista, tras años de inacción y pérdidas millonarias por corrupción.

La especialista en temas energéticos Sandra Chevarria advirtió que el Estado peruano tiene la obligación urgente de intervenir y recuperar los activos del proyecto, paralizado desde 2017, para garantizar la seguridad energética del país y evitar que una costosa infraestructura quede enterrada y olvidada.

Puntualizó que la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato ha sido ineficiente en la defensa de los intereses del Estado peruano. “Debe reestructurarse completamente. La renuncia de la señora Silvana Carrión es necesaria, así como una nueva visión estratégica para valorar adecuadamente los daños”, sostuvo.

Asimismo, indico que, los perjuicios ocasionados al Perú por Odebrecht y sus socios podrían superar los 15 mil millones de dólares, una cifra muy por encima de los montos hasta ahora considerados por la procuraduría. “En 2017, se dijo que solo por la ruta del dinero en EE.UU., Odebrecht pagó 3,500 millones de dólares en multas. Entonces.

Asimismo, denunció la falta de aplicación de la cláusula anticorrupción contenida en los contratos originales y criticó el Decreto de Urgencia que, según afirmó, ha favorecido a los consorcios implicados.

En relación al arbitraje en curso ante el CIADI por parte de Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, Echevarría aclaró que no es necesario esperar el fallo para que el Estado peruano actúe. “La incautación puede y debe hacerse de inmediato. Lo mismo debió haberse hecho desde 2017. La inacción ha costado años de atraso”, explicó.

Como solución, la especialista propuso la ejecución de un proyecto integral alterno descentralista, liderado por Petroperú, con una visión de largo plazo y con enfoque en la seguridad energética nacional ante el actual contexto geopolítico mundial.

“Se necesita una auditoría técnica inmediata para evaluar los activos existentes y determinar su valor real. Solo así se podrá tomar una decisión informada para reactivar la obra y no dejar enterradas las tuberías de un proyecto vital para el sur peruano”, subrayó.