Informe de la Comisión de Fiscalización será remitido al Ministerio Público y plantea posibles escenarios de vacancia o denuncia constitucional contra la presidenta
La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó este viernes el informe final del llamado caso Cofre, en el que se señala que la presidenta Dina Boluarte habría incurrido en la presunta comisión de cuatro delitos: peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes y encubrimiento personal.
Con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, el informe será enviado directamente al Ministerio Público sin necesidad de aprobación por el pleno del Congreso, según confirmó el presidente de la comisión, Juan Burgos (Podemos). El documento consta de más de 2,300 folios y contiene conclusiones que podrían justificar una moción de vacancia o una denuncia constitucional contra la mandataria.
“El comportamiento impropio de una presidenta de la República, como se evidencia en el informe, posibilitaría una moción de vacancia”, afirmó Burgos. Agregó que la negativa de algunas bancadas a investigar los hechos «responde a intereses políticos» y pidió al Congreso ejercer su rol de fiscalización.
Según el informe, Boluarte habría utilizado un vehículo presidencial con fines personales, específicamente, para trasladarse a un condominio en Asia en fechas sin actividades oficiales, configurando el presunto peculado de uso. También se identificó abuso de autoridad al declarar “reservada” la información relacionada al cofre presidencial mediante una resolución cuestionada por su legalidad y jerarquía normativa.
El delito de omisión de deberes se sustenta en la obstrucción a la participación de efectivos policiales convocados para declarar ante la comisión. La negativa a colaborar habría sido justificada de forma errónea, según el informe, lo que perjudicó la labor fiscalizadora del Congreso. Finalmente, se señala encubrimiento personal, por la presunta intervención de altos mandos policiales para ocultar información sobre la presencia de Boluarte en Asia y su posible conexión con Vladimir Cerrón.
El informe cobra mayor relevancia en el actual contexto político y se convierte en un nuevo frente legal para el Ejecutivo. La respuesta del Ministerio Público y las decisiones que tome el Congreso en las próximas semanas serán claves para definir el rumbo de esta denuncia.
Fuente: Rpp
