La investigación judicial avanza con lentitud y nuevas pruebas refuerzan la hipótesis de una acción planificada contra manifestantes
Quince años después de la represión policial del 24 de junio del año 2011 en la ciudad de Juliaca, familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia. Aquel año, seis personas murieron y más de 50 resultaron heridas durante las manifestaciones contra la contaminación minera de la cuenca del río Ramis.
El abogado de los familiares de las víctimas, Carlos Torres Rodríguez, denunció que, hasta la fecha, el juicio avanza a paso lento y se encuentra en un 50 % de la actividad probatoria en el Poder Judicial. “Las audiencias judiciales duran entre 10 y 15 minutos, lo que limita gravemente el avance de este caso de derechos humanos”, señaló.
Detalló que la represión del año 2011 fue desproporcionada y premeditada. Además, aseguró que existen pruebas videográficas donde se escucha la orden de disparar con letalidad. La evidencia forense revela que todas las víctimas presentaron impactos de proyectil en la cabeza, producto de disparos de francotiradores con armas de largo alcance.
“No se trató de enfrentamientos casuales, sino de una ejecución planificada contra los manifestantes que protestaban por derechos ambientales fundamentales”, señaló. Agregó que se tiene planificado realizar diversas actividades con motivo de conmemorar los 15 años de este trágico hecho.
