Abogado y analista político señaló que la nueva norma no reducirá la delincuencia juvenil y pidió priorizar políticas de prevención, reinserción social y justicia restaurativa.
Tras darse a conocer la reciente aplicación del Decreto Supremo N.º 023-2025-JUS, que reglamenta la Ley N.º 32330, cuya norma dispone que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, como homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo, sean juzgados y sancionados bajo el sistema penal ordinario, al igual que los adultos, el abogado y analista político Cristian Palomino García advirtió que esta medida carece de sustento real, pues el problema de fondo no radica en la severidad de las penas, sino en la precariedad del sistema penitenciario y en la falta de políticas efectivas de resocialización.
“De la población penitenciaria total, apenas el 1.5% son menores de edad, y solo el 0.4% ha cometido delitos graves. Entonces, ¿qué tanto impacto puede tener esta norma en la reducción del delito?”, cuestionó.
El especialista recordó que el hacinamiento carcelario en el Perú supera el 130%, lo que hace inviable cualquier promesa de “tratamiento especializado” para jóvenes infractores, “ni en Puno ni en Juliaca existen ambientes adecuados para albergar a estos adolescentes. En la práctica, terminarán conviviendo con delincuentes ranqueados, lo que en lugar de rehabilitarlos los convertirá en criminales más experimentados”, advirtió.
Asimismo, precisó que la finalidad del sistema penitenciario debería ser la reinserción social, pero en la realidad, los centros de reclusión se han convertido, según dijo, en verdaderas “academias del crimen”.
A esto se suma el uso abusivo de la prisión preventiva, que mantiene a miles de procesados sin sentencia definitiva, contribuyendo al hacinamiento y a la sobrecarga del sistema judicial.
En ese sentido, propuso que las políticas públicas apunten a prevenir el delito antes que castigarlo, impulsando programas de empleo juvenil, reinserción educativa y justicia restaurativa, donde los menores puedan reparar el daño causado sin ser enviados a un penal.
