Jacinto Ticona señala que los casos por las muertes ocurridas en Puno durante enero de 2023 avanzaron, pero la desactivación de equipos especiales del Ministerio Público podría dilatar la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
Este 9 de enero se cumplieron tres años de los trágicos sucesos ocurridos en 2023, hechos que dejaron 21 personas fallecidas en la región Puno, además de decenas de heridos y familias que, hasta hoy, no encuentran justicia, reparación ni respuestas claras por parte del Estado.
Durante el programa Espacio Jurídico de Radio Onda Azul, el abogado Jacinto Ticona recordó que esta fecha forma parte de lo que calificó como una “historia negra” en materia de derechos humanos para la región. Detalló que no solo el 9 de enero se produjeron muertes, sino también el 18 de enero en Macusani (Carabaya) y el 20 de enero en Ilave, alcanzando un total de 21 víctimas mortales como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, hechos que aún se encuentran bajo investigación fiscal.
El jurista precisó que el derecho a la vida, protegido por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales de derechos humanos, fue el principal derecho vulnerado. A ello se suman graves afectaciones a la integridad física, psicológica y económica de los heridos y de las familias de las víctimas, muchas de las cuales han perdido a su principal sustento económico y continúan enfrentando secuelas irreversibles.
Explicó que, las investigaciones han avanzado, pero advirtió que ya debería estarse ingresando a la etapa intermedia del proceso penal, con miras a una acusación fiscal y posterior juicio oral. No obstante, expresó su preocupación por la reciente desactivación de los equipos especiales de investigación del Ministerio Público, decisión que podría retrasar aún más los procesos y debilitar la búsqueda de justicia.
