Abogado de víctimas del 9 de enero en Juliaca afirma que la amnistía es inaplicable y que los responsables de violaciones de derechos humanos serán juzgados
Luego de que el congresista Fernando Rospigliosi reavivara el debate nacional al plantear la extensión de una ley de amnistía que alcanzaría a más de 350 policías y militares procesados por muertes ocurridas en distintas regiones del país, incluyendo Puno, entre el año 2022 y 2023. Cesar Quispe Calsín abogado de las Víctimas del trágico 9 de enero de Juliaca, señaló que esta iniciativa busca proteger a agentes acusados de violaciones de derechos humanos, siguiendo precedentes de los años 90 bajo el régimen de Alberto Fujimori.
Sin embargo, precisó que dicha propuesta es inaplicable, ya que contraviene la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y los fallos obligatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, advirtió que cualquier juez que aplique la norma incurriría en prevaricato, el cual es un delito sancionado por la justicia nacional.
Asimismo, mencionó que, de aprobarse la norma, se pondría a prueba la independencia del Poder Judicial, pues existen jueces que podrían inclinarse a favor de la modificación legal. En esos casos, las víctimas y la mencionada defensa legal anunciaron que presentarán demandas tanto en instancias nacionales como internacionales, incluso con la posibilidad de acciones civiles que incluyan embargos a magistrados que vulneren la ley internacional.
Finalmente, recordó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, por lo que ninguna amnistía tendría efectos reales sobre las investigaciones en curso, “así aprueben mil leyes, estas serán inaplicables. El régimen terminará, y los responsables, tarde o temprano, enfrentarán juicios y condenas”, advirtió.
