Juan José Quispe advierte que la decisión del fiscal interino Tomás Gálvez genera impunidad y un grave retroceso en la lucha por justicia para los deudos.
El abogado Juan José Quispe, representante legal de los familiares de las víctimas y heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, calificó como un “día negro para el Ministerio Público” la desactivación de los equipos especiales de fiscales. En una entrevista, sostuvo que la medida adoptada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, confirma un escenario de retroceso institucional y afecta directamente la búsqueda de justicia.
Quispe señaló que estos equipos especiales lograron durante años investigaciones, juicios y sentencias contra altos funcionarios del Estado, por lo que su desactivación pretende instalar un discurso que desacredita su labor, calificándolos de politizados o ineficientes, pese a los resultados obtenidos. Advirtió que esta decisión crea un “manto de impunidad”, especialmente en los casos vinculados a graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales.
Asimismo, expresó su preocupación por el momento procesal en el que se toma esta medida, ya que varias investigaciones se encontraban en etapas avanzadas, próximas a la acusación fiscal en regiones como Ayacucho, Pichanaqui, Puno y Cusco. Según explicó, la redistribución de expedientes a fiscales que no participaron en las investigaciones provocará retrasos significativos, riesgo de estancamiento y posibles archivamientos, afectando seriamente las expectativas de justicia de las víctimas y sus familias.
