Funcionarios denuncian que la reducción de recursos afecta operativos e investigaciones, mientras crecen las alertas sobre un posible intento de socavar la autonomía fiscal.
La presidenta Dina Boluarte ha sido acusada de utilizar el presupuesto del Estado como un mecanismo para presionar al Ministerio Público. Según denuncias recientes, el Gobierno habría reducido los recursos asignados a la institución fiscal, como represalia por las investigaciones que se vienen realizando en su contra por presuntos actos de corrupción.
El Ministerio Público cuenta este año con un presupuesto de 2,921 millones de soles. Aunque puede parecer una cifra considerable, en realidad representa solo una quinta parte de lo que se necesita y se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas para brindar adecuadamente el servicio de persecución del delito, según señaló el ex fiscal superior y actual vocero de la fiscalía, Víctor Cubas Villanueva.
Diversas voces del ámbito político y jurídico han expresado su preocupación ante esta situación, advirtiendo que se pone en riesgo la independencia de los poderes del Estado. Mientras tanto, el Gobierno no ha ofrecido una explicación clara sobre los recortes, alimentando las sospechas de una posible represalia por las investigaciones fiscales.
