Ley MAPE permitiría actividades mineras sin control en ríos y zonas frágiles; en Puno, la minería ilegal ya ha causado graves daños ambientales en cuencas como la del río Ramis y genera más del 20 % de denuncias fiscales del país
Según el Observatorio de Minería Ilegal, la Ley MAPE, impulsada sin el debido debate técnico por el Congreso, busca perpetuar un modelo de minería sin fiscalización efectiva ni control estatal. Esta norma permitiría incluso el uso de ríos, lagos y quebradas para actividades mineras informales, como ya ocurre en varias regiones del país.
En Puno, por ejemplo, la situación es crítica. En zonas como La Rinconada, Ananea, la cuenca del río Suches y el río Ramis, las actividades mineras ilegales han contaminado cuerpos de agua con mercurio y cianuro, afectando tanto a las comunidades como a los ecosistemas altoandinos. Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la región concentra aproximadamente el 20 % de las denuncias fiscales por delitos ambientales del país, con más de 600 investigaciones abiertas por minería ilegal.
El caso de la cuenca del río Ramis es emblemático: desde hace más de una década, comunidades de Azángaro, San Antón, Crucero y Potoni han denunciado que el río Ramis y sus afluentes están contaminados por relaves mineros ilegales e informales, provocando la muerte masiva de peces y ganado y afectando la salud de los habitantes que dependen de esas aguas para consumo y riego. Incluso en 2010 y 2011 se produjeron violentas protestas y bloqueos exigiendo al Estado acciones para frenar la contaminación y remediar los daños, sin que hasta hoy se resuelva el problema.
Hace cinco años, en Cusco, el alcalde de Chamaca, Antonio Huamán Arias, denunció la contaminación del río Velille por mineros ilegales, una situación similar a la que se vive en Puno. La minería informal allí se ha intensificado, utilizando maquinaria pesada, toneladas de insumos químicos y ocupando terrenos cercanos a fuentes de agua.
En Puno, además, el caso del proyecto minero Santo Domingo, en la provincia de Chucuito, mostró cómo la presión de los intereses mineros puede ignorar las preocupaciones ambientales y sociales. La empresa titular intentó iniciar operaciones en un ecosistema frágil, generando protestas de las comunidades que temían por la afectación de bofedales, ríos y pastizales fundamentales para su subsistencia. El proyecto fue paralizado tras conflictos y cuestionamientos por la falta de consulta y estudios de impacto ambiental adecuados.
En regiones como Puno, donde la minería ilegal ya ha devastado la cuenca del río Ramis, la del Suches y amenaza bofedales y glaciares, la aprobación de una ley como la MAPE podría perpetuar la destrucción ambiental y la impunidad que ya sufren las comunidades.
