Expertos advierten que la medida contradice la Convención sobre los Derechos del Niño y podría agravar la violencia y el crimen organizado en lugar de reducirlo.
Las agencias de las Naciones Unidas han expresado su profunda preocupación por la reciente aprobación en el Congreso peruano de una ley que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años para delitos graves como el sicariato y la extorsión. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó al Estado peruano a reconsiderar esta medida, argumentando que contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú en 1990. El vicepresidente del comité, Luis Pedernera, enfatizó que no existe evidencia que respalde la efectividad de reducir la edad penal y que, por el contrario, esta medida podría aumentar la violencia y fortalecer el crimen organizado.
Además, UNICEF ha manifestado su oposición a la ley, señalando que juzgar a adolescentes como adultos genera una falsa sensación de seguridad y niega oportunidades de reinserción social. El representante de UNICEF en Perú, Javier Álvarez, destacó que esta medida representa una errónea interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño y que los adolescentes deben ser tratados en un sistema especializado que promueva su rehabilitación.
Organismos como la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados de Lima también han rechazado la reforma, argumentando que es inconstitucional y que no contribuirá a reducir la criminalidad. Estos expertos coinciden en que la solución debe centrarse en fortalecer el sistema de justicia juvenil, implementar políticas de prevención y garantizar el respeto a los derechos de los adolescentes, en lugar de aplicar medidas punitivas que podrían agravar la situación.
