Alcalde de San Román propone que el Perú se retire de la Corte IDH para enfrentar la delincuencia


Delincuencia en Juliaca

Alcalde de San Román plantea salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en medio de creciente inseguridad ciudadana, pese a análisis que contradicen esta posibilidad

En medio de la creciente ola de delincuencia que golpea a Juliaca y otras ciudades del país, el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, señaló que el Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aseguró que la Constitución peruana ya contempla la protección de los derechos fundamentales y que el artículo primero es suficiente sustento legal para garantizar su respeto.

“Todos pedimos políticas drásticas, pero cuando se habla de retirarse de la Corte Interamericana muchos se asustan. Yo sí considero que debemos salir, porque tenemos otros mecanismos, principalmente la Constitución, que es más importante para nosotros”, declaró.

Señaló además que, el fortalecimiento de la Policía Nacional es indispensable para enfrentar la inseguridad ciudadana, por lo que recalcó que, si bien los gobiernos locales cumplen un rol articulador junto al Poder Judicial y el Ministerio Público, la magnitud del problema demanda decisiones más drásticas desde el Ejecutivo.

Cabe resaltar que, en su momento, el ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior del Perú, Ricardo Valdés Cavassa, al ser consultado sobre esta problemática que hasta el momento no ha podido ser combatida eficazmente, precisó que la criminalidad no tiene relación directa con la CIDH, ya que los estándares internacionales de derechos humanos no impiden combatir al crimen.

Precisó que, el problema real radica en la ineficiencia del Estado, evidenciada en la falta de recursos para la Policía, la corrupción y la debilidad tanto del sistema judicial como del carcelario. En ese sentido dijo, que salir de la CIDH no resolvería la inseguridad, sino que más bien debilitaría los mecanismos de supervisión y protección frente a posibles abusos del Estado.