El operativo se realiza en el marco de una pesquisa distinta al caso «Los Waykis en la sombra» y vincula al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como presunto cabecilla del grupo delictivo
En un nuevo episodio que sacude el entorno cercano del Ejecutivo, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo de allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en un condominio del distrito limeño de San Borja. La diligencia, que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, forma parte de una investigación preliminar sobre una presunta organización criminal.
El procedimiento fue ejecutado por el Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), bajo la dirección del fiscal adjunto Raúl Guerrero Quispe. Según fuentes del Ministerio Público, este caso no está relacionado con la investigación conocida como “Los Waykis en la sombra”, sino que responde a una nueva línea de investigación.
La orden de allanamiento busca incautar documentos relevantes que permitan esclarecer presuntos delitos como colusión, cohecho y encubrimiento. La operación se extendió a 14 inmuebles, incluido uno en Ayacucho.
Uno de los elementos clave de esta nueva indagación es la presunta participación del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a quien la Fiscalía señala como el cabecilla de un grupo estructurado y con capacidad operativa, supuestamente conformado por personas de su entorno cuando fue ministro del Interior.
El documento judicial que sustenta el allanamiento también vincula a Santiváñez con un supuesto «brazo de protección» para Nicanor Boluarte, con el fin de garantizar impunidad y favorecer a la presunta organización criminal. Uno de los hechos investigados apunta a que Santiváñez habría gestionado la entrega de documentos laborales y otras retribuciones a favor de Boluarte a cambio de beneficios vinculados a la minera El Dorado S.A.
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, llegó a la vivienda durante el operativo y negó cualquier relación de su defendido con Santiváñez o con alguna empresa minera. “Esto es un abuso. En lugar de citar al señor a declarar, lo que hacen es allanar su casa sin haber sido notificados previamente”, declaró.
Por su parte, el defensor público César Linares indicó que Boluarte ha mostrado predisposición para colaborar con las autoridades y ha ejercido su derecho a designar defensa legal privada.
Cabe recordar que Nicanor Boluarte ya es investigado en un proceso paralelo por el caso “Los Waykis en la sombra”, en el que se le imputa liderar una red de designaciones irregulares en el Estado. Aunque en noviembre de 2024 se dictó prisión preventiva contra él, esta fue revocada en enero. Más recientemente, el Poder Judicial rechazó su pedido para archivar la investigación, señalando que no corresponde aplicar la Ley 32108 por tratarse de hechos previos a su promulgación.
La situación añade tensión al escenario político nacional, a poco más de un año de las elecciones generales de 2026 y en medio de múltiples cuestionamientos sobre la gestión gubernamental y la independencia del sistema judicial.
Fuente: Rpp
