El debate por la ampliación del Reinfo vuelve a encender cuestionamientos en medio de denuncias de fracaso, riesgos para la lucha contra la minería ilegal y graves afectaciones a ríos y áreas protegidas del país.
La posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027 ha reabierto un debate que coloca nuevamente bajo la lupa a un mecanismo que, según especialistas, no solo fracasó en su misión original, sino que terminó alimentando el avance de la minería ilegal. Tras casi una década de vigencia, el Reinfo apenas logró formalizar a poco más del 2 % de los 87 111 mineros inscritos, mientras que más del 78 % de expedientes fue suspendido por incumplimientos. Aun así, varias bancadas del Congreso impulsan su prórroga por quinta vez, pese a los impactos ambientales, sociales y criminales que se registran en las regiones.
El problema no es solo la ineficacia del registro; es su uso como escudo para actividades ilegales que continúan degradando ecosistemas vulnerables. La Fiscalía Ambiental y el Sernanp han detectado operaciones amparadas en el Reinfo en ríos amazónicos, quebradas altoandinas, zonas de amortiguamiento de sitios arqueológicos y dentro o cerca de áreas naturales protegidas como Tambopata, Amarakaeri, El Sira, Huascarán y la Reserva Nacional Pampa Galeras. En muchos casos, los operadores se presentan como “informales en proceso de formalización” pese a usar dragas, maquinaria pesada y sustancias contaminantes como el mercurio, cuya presencia ha incrementado la contaminación en cuerpos de agua y la presión sobre flora, fauna y comunidades indígenas.
El impacto criminal también es profundo. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2015 y 2024 se registraron más de 5 700 reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculadas a minería ilegal, por montos que superan los 22 800 millones de dólares. Estas redes lavan dinero mediante testaferros, la compra de inmuebles y vehículos, el uso desproporcionado de efectivo y la adquisición de maquinaria con fondos ilícitos. El Reinfo, lejos de acotar estas dinámicas, ha sido aprovechado para legitimar actividades que sirven de plataforma para extorsión, tráfico de insumos químicos y expansión de organizaciones criminales en diversas regiones del país.
Para Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), mantener abierto el Reinfo no solo consolidaría su fracaso, sino que ampliaría el margen de maniobra de quienes operan sin control en los ríos, los bosques y los territorios indígenas. Asegura que el registro no ordenó la minería, sino que incrementó el desorden, la criminalidad y el poder de gremios que se oponen a una verdadera formalización ambiental, laboral y social. Garay incluso advierte un riesgo político adicional: que operadores ilegales estén financiando futuras candidaturas legislativas con el fin de asegurar leyes que perpetúen este sistema. Por ello, especialistas sostienen que la ampliación del Reinfo no sería una solución, sino la profundización de un problema que ya desborda al Estado y deteriora de forma irreversible los ecosistemas más sensibles del país.
