“Alcaldes culminarán su gestión entre cuestionamientos y procesos de vacancia entrampados, casos como el de Azángaro y Chucuito”, advirtió analista en asuntos electorales.
Tras darse a conocer que varios alcaldes en la región de Puno llegarán al término de su mandato con serios cuestionamientos en su contra y procesos de vacancia que, pese a estar respaldados por sentencias judiciales, fueron postergados o bloqueados por los propios consejos municipales. Tal es el caso del alcalde de Chucuito, Yuri Arce, quien pese a tener una sentencia condenatoria desde el 2023, recién ha sido vacado en 2025.
El analista político en asuntos electorales, Julio Zeballos, en entrevista con Radio Onda Azul, señaló que el Consejo Municipal de Chucuito conocía desde junio de 2023 la sentencia contra la autoridad edil, sin embargo, en una sesión interna decidió blindarlo argumentando que recién iniciaba su gestión y que debía ser respaldado, “fue un acto de corrupción vulgar, de encubrimiento político. El Consejo lo sabía, pero optó por tapar la falta”, sostuvo.
Según Zeballos, la norma es clara, ya que una sentencia consentida y ejecutoriada contra un alcalde constituye causal inmediata de vacancia. No obstante, la decisión debía pasar primero por el Consejo Municipal, lo que abrió la puerta a maniobras y dilaciones.
El analista también cuestionó el rol del Ministerio Público, que pese a ser informado oportunamente del caso, no actuó de oficio, “nos acercamos con los documentos y advertimos la omisión. El fiscal que recibió el expediente dijo que solo intervendrían cuando el Jurado Nacional de Elecciones se pronunciara. Eso es falso. El Ministerio Público debió actuar en prevención del delito y denunciar omisión de funciones”, manifestó.
En paralelo, recordó que el alcalde de Chucuito acumulaba tres denuncias por maltrato, incluso contra una regidora. A pesar de ello, el Consejo decidió más bien promover la vacancia de la regidora Antonia Cruz por supuestos casos de nepotismo, una medida que según Ceballos carecía de sustento legal.
Casos similares se han registrado en Azángaro, Vilquechico y Amantaní, donde los pedidos de vacancia se entrampan por maniobras internas y falta de fiscalización, problema que radica en la falta de independencia de los procuradores municipales y regionales, quienes suelen estar alineados, según comentó, con los intereses del alcalde que deberían fiscalizar. “Los procuradores son empleados de los alcaldes y, en vez de defender a la institución, se convierten en parte del blindaje político”, advirtió.
Finalmente, el analista fue enfático en que el Ministerio Público debe iniciar investigaciones por omisión de funciones contra los regidores de Chucuito que en 2023 conocieron la sentencia y no actuaron, “no basta con la vacancia tardía. Aquí hay responsabilidades penales que deben perseguirse. Todos los regidores que blindaron al alcalde deben ser denunciados”, concluyó.
