Cristian Palomino advierte que la medida podría afectar investigaciones complejas, generar impunidad y profundizar la desconfianza ciudadana
Luego de que el fiscal de la nación (i), Tomás Gálvez Villegas, a través de una resolución oficial en el diario El Peruano, garantizará la continuidad de 54 casos en curso por las muertes y heridos registrados durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
En entrevista con Radio Onda Azul, el abogado y analista político Cristian Palomino cuestionó la reciente desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, señalando que esta decisión podría afectar la eficiencia en investigaciones de alta complejidad, como los casos de corrupción y las muertes ocurridas en Juliaca.
Sostuvo que el Ministerio Público enfrenta históricamente limitaciones presupuestales impuestas por el Congreso, lo que dificulta su labor fiscalizadora. Afirmó que esta situación responde a intereses políticos, ya que un sistema judicial fuerte resulta incómodo para gobiernos cuestionados por corrupción.
Asimismo, criticó la inestabilidad institucional generada por los constantes cambios de fiscales de la Nación en los últimos años, lo que impide la continuidad de estrategias y planes de trabajo. Sobre la creación de la Fiscalía Corporativa Especializada, indicó que se trataría solo de un cambio de denominación y no de una reforma estructural real.
Finalmente, exhortó al Ministerio Público a informar de manera clara sobre los avances en investigaciones emblemáticas, a fin de brindar tranquilidad a los familiares de las víctimas y a la ciudadanía, advirtiendo que la falta de transparencia genera desconfianza y prolonga la percepción de impunidad.
