La Ley N.º 32386 busca reforzar la seguridad ciudadana con hasta 5 000 agentes adicionales y autoriza medidas extraordinarias para combatir la criminalidad, incluyendo compras directas y transferencias de fondos de gobiernos locales al Ministerio del Interior.
El Congreso de la República aprobó y publicó la Ley N.º 32386, conocida como el “Plan Celador”, que autoriza al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a remunerar a los efectivos que, de forma voluntaria, presten servicios policivos como patrullaje a pie, motorizado u operaciones focalizadas durante sus días de franco o vacaciones. Se espera que esta medida incremente la presencia policial en zonas críticas con alta incidencia delictiva, especialmente en Lima y Callao, al sumar aproximadamente 5 000 agentes adicionales.
Además de la compensación por trabajo en días libres, la norma incorpora otras disposiciones extraordinarias para enfrentar la emergencia de seguridad ciudadana. Entre ellas, permite contrataciones directas de bienes y servicios durante el estado de emergencia sin los tradicionales procesos de licitación, y faculta a los gobiernos regionales y locales a transferir fondos al Ministerio del Interior mediante convenios para financiar proyectos del programa presupuestal “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”. Asimismo, la Contraloría General de la República tendrá potestad de fiscalizar estas adquisiciones para asegurar transparencia.
La norma establece un plazo de 180 días calendario para la vigencia de la mayoría de sus artículos, mientras que el artículo 4 referente al pago por francos y vacaciones permanecerá efectivo hasta el cierre del ejercicio fiscal 2025. Además, dispone que, en un plazo de 90 días hábiles, el Ministerio del Interior y la PNP deberán presentar una propuesta de reestructuración institucional basada en un diagnóstico del estado actual del sector, con la finalidad de optimizar su eficiencia operativa en la lucha contra la criminalidad.
