Padres y hermanos de las víctimas denuncian tortura y exigen justicia; los cuerpos fueron hallados con signos de violencia extrema, mientras el Estado sigue en silencio
El horror detrás del asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz, La Libertad, no deja de estremecer. Familiares de las víctimas han revelado que los cuerpos fueron encontrados atados, sin ropa y con signos de posible tortura, lo que pone en evidencia el grado de brutalidad al que llegaron los criminales que operan en esta zona dominada por la minería ilegal.
Uno de los testimonios más desgarradores es el del padre de Deyter Abraham Domínguez Ramírez (29), quien formaba parte del equipo de seguridad de la empresa R&R. En declaraciones a La República, confirmó que la última vez que habló con su hijo fue el 25 de abril, día en que ingresó a su turno. Desde entonces, no volvió a saber de él.
“Me enteré de lo sucedido por sus compañeros. Él era seguridad. Tenía cuatro meses ahí, pero antes trabajó tres años en Poderosa. Nunca imaginé esto”, relató.
El padre también señaló que fue la Policía Nacional del Perú (PNP) la que encabezó el rescate de los cuerpos, aparentemente con el apoyo de personas que conocían el terreno. En medio del dolor, pidió que el Estado y las empresas involucradas cubran los gastos funerarios y permitan una sepultura digna para los trabajadores asesinados.
Otro relato desgarrador es el de Emilia Rospigliosi, hermana de César Rospigliosi Arellano, otra de las víctimas. Confirmó que su hermano fue hallado desnudo, atado de pies y manos, y enterrado, en lo que describió como una ejecución brutal.
“Nos avisaron que los habían encontrado muertos, atados, desnudos, enterrados. Es un dolor terrible. Mi hermano trabajaba para darles un mejor futuro a sus hijos”, expresó entre lágrimas.
Ambas familias exigieron al Gobierno y a las autoridades judiciales que se investigue este crimen con urgencia y firmeza, y que no se permita la impunidad. Denuncian, además, que la zona de Pataz está completamente controlada por organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, a pesar de encontrarse en estado de emergencia.
Este caso ha desatado una nueva ola de indignación en todo el país, no solo por la crueldad de los crímenes, sino también por la aparente inacción del Estado y las contradicciones del Ejecutivo, que incluso llegó a poner en duda la existencia del secuestro días antes de confirmar las muertes.
