Una de las limitantes en las investigaciones, sería porque el proceso judicial se viene llevando en Lima, y las víctimas no pueden estar presentes en las citaciones.
Luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispusiera este lunes extender por ocho meses más, el tiempo de investigación preliminar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por los crímenes que se cometieron durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023, a dos días de vencerse el plazo inicial, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, refirió que, este aplazamiento se viene dando porque aún no se ha logrado recoger todas las declaraciones y datos sobre esta situación.
Resaltó que, pese a este aplazamiento, continúa latente la limitación de no poder recabar la totalidad de la investigación debido a que el proceso judicial se viene llevando en la capital de la República, por lo que en muchos de los casos las víctimas no pueden estar presentes continuamente en las investigaciones que se vienen realizando en la ciudad de Lima.
Respecto al documento enviado por la Fiscalía, a este medio de comunicación para emitir en un plazo de 5 días calendarios con carácter de muy urgente, bajo apercibimiento de incumplimiento, registros fílmicos y demás productos radiales, del pasado 7 de enero, la letrada Marianella Ledesma, resaltó que, la Fiscalía en primer lugar tiene que diferenciar qué Onda Azul, no está en calidad de investigado sino de testigo y ente difusor de las fatídicas situaciones que suscitaron a inicios de este año.
“Si todas estás difusiones han sido un acto público, el Ministerio Público, perfectamente puede recabar la información que cree necesaria por otras fuentes como las redes sociales”, agregó.
