El gremio pide cambios legales y políticos, como el bloqueo inmediato de números usados para extorsionar y acciones frente a la filtración de datos personales
Jorge Enríquez, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú en el Callao, advirtió que el avance de la delincuencia sigue golpeando con fuerza al pequeño comercio. Desde el año 2021 vienen denunciando robos, cobros de cupos y asesinatos contra propietarios de bodegas sin obtener una respuesta del Estado.
Según mencionó, más de 12 mil bodegas en todo el país han sido víctimas de extorsiones y unas 2,500 tuvieron que cerrar definitivamente en los últimos años. “Cuando matan o cierran una bodega, no solo pierde una persona, colapsa toda una familia, porque las bodegas son negocios familiares”, dijo.
Cuestionó que, pese a cuatro años de alertas y reuniones con el Congreso, el Ministerio del Interior y la Policía, el problema se haya agravado y la legislación siga favoreciendo más al delincuente que al comerciante honesto.
Pidió cambios legales y operativos. Entre ellos, que todas las comisarías estén obligadas a recibir y dar seguimiento a denuncias de extorsión; el bloqueo inmediato de números usados para extorsionar, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y voluntad política para intervenir la filtración de datos personales en redes y plataformas.
De la misma manera, indicó que las bodegas enfrentan solas el problema, a diferencia de las grandes cadenas de conveniencia. “No existe un caso de extorsión a Oxxo, Tambo o tiendas con respaldo financiero. Los independientes sí somos blanco. El Estado debería preguntarse por qué”, señaló.
“Somos más de 500 mil bodegas que sostienen la economía familiar del país. Queremos seguir trabajando, pero necesitamos que el Estado juegue a nuestro favor y no al de las mafias”, concluyó.
