Consideran excesiva la destitución de Delia Espinoza pese a incumplimiento de mandato de la JNJ: “Lo correcto era una suspensión porque no se cumplió un mandato expreso”, advierte analista jurídico.
El abogado y analista político Gerbert Huanca sostuvo que, si bien la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, incurrió en una infracción administrativa al no cumplir una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la sanción de destitución definitiva aplicada en su contra resulta desproporcionada, considerando la naturaleza de los hechos.
Precisó que existía un mandato expreso de la JNJ que debía ser acatado, aun cuando este pudiera ser cuestionado por presuntas irregularidades o conflictos de competencia, “en un Estado de derecho, las resoluciones se cumplen y luego se cuestionan por la vía judicial. Ese procedimiento no se siguió”, señaló.
No obstante, remarcó que el incumplimiento cometido por Espinoza ameritaba, en todo caso, una sanción menor, como una suspensión temporal, mas no una destitución definitiva, “la JNJ optó por una medida extrema en un contexto altamente politizado. La sanción es excesiva. Hubo responsabilidad funcional, sí, pero no al nivel de justificar una destitución”, afirmó.
Huanca explicó que la exfiscal debió judicializar la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, ya sea mediante un proceso de amparo, contencioso administrativo o incluso un proceso competencial. En lugar de ello, optó por desconocer el mandato y confrontar públicamente a la JNJ, lo que terminó abriendo paso al proceso disciplinario.
“El problema de fondo no es solo la destitución de Delia Espinoza, sino la afectación a la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el sistema de justicia”, subrayó, al tiempo de señalar que decisiones de esta naturaleza generan incertidumbre sobre la imparcialidad y estabilidad institucional.
