La joven de 22 años es investigada por presunto homicidio calificado tras apuñalar a su pareja durante una discusión en su vivienda en Macusani
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Macusani, en la provincia de Carabaya, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Shirley Michal Condori Gonza (22), quien es investigada por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de su pareja, Guido Alex Quispe Valeriano.
La medida fue dispuesta por el magistrado Walter Fernando González Mendoza, quien evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y determinó la existencia de graves indicios de culpabilidad y peligro procesal, fundamentos suficientes para dictar la medida coercitiva.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de mayo de 2025, cuando la pareja regresó de una discoteca a su vivienda. Según las primeras investigaciones, habrían discutido por temas relacionados con el alquiler del inmueble. Durante el altercado, Condori Gonza presuntamente apuñaló a Quispe Valeriano con un cuchillo de cocina.
De acuerdo con el informe pericial, la víctima recibió una primera herida en el muslo y posteriormente una segunda puñalada en el cuello, esta última le habría causado la muerte casi inmediata. Los peritos determinaron que Quispe cayó bruscamente sobre la cama tras el ataque final.
Durante la audiencia, la defensa de la joven sostuvo que los hechos se dieron en un contexto de legítima defensa o de una reacción violenta, alegando que la víctima habría estado agrediéndola físicamente tras una discusión. Según el testimonio de Condori, su pareja reaccionó violentamente porque ella habría comentado sus problemas personales a una amiga.
No obstante, el juez González Mendoza desestimó este argumento, señalando que los elementos probatorios, entre ellos las declaraciones de testigos y los informes periciales, permiten sustentar de manera preliminar la configuración del delito de homicidio calificado.
En consecuencia, el magistrado ordenó el internamiento inmediato de la imputada en el establecimiento penitenciario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúan las investigaciones correspondientes dentro del plazo establecido de prisión preventiva.