El operativo forma parte de una investigación que apunta a una presunta red criminal integrada por funcionarios públicos y privados, liderada por el actual ministro de Justicia
Como parte del avance en el denominado caso Ícaro, el Ministerio Público ejecutó diligencias simultáneas en diversos puntos de Lima y Lurín, en una investigación que involucra al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por su presunta participación en una organización criminal enquistada en instituciones del Estado.
Los fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) intervinieron oficinas de entidades policiales y fiscales, como la Comisaría de Manchay, la Séptima Región Policial de Lima, la División Policial de Lima Este, la Fiscalía Penal Corporativa de Lurín, así como oficinas de la empresa privada Arenera S.A.C.. El objetivo fue recopilar documentación relacionada con un desalojo irregular ocurrido en Cieneguilla, presuntamente realizado sin orden judicial vigente.
Según la Fiscalía, en el operativo habrían participado entre 40 y 50 efectivos policiales, algunos de los cuales pernoctaron en el terreno desalojado, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada entre agentes estatales y privados en perjuicio de los legítimos posesionarios.
El caso Ícaro nació ante sospechas de que existiría una red delictiva dentro del aparato estatal, presuntamente liderada por Santiváñez, que habría instrumentalizado recursos públicos y operativos policiales para favorecer intereses empresariales. Entre los delitos investigados figuran colusión simple, cohecho pasivo impropio y encubrimiento real.
El nombre del ministro aparece de forma reiterada en las diligencias, siendo señalado como presunto articulador político de esta estructura. También está bajo investigación el coronel PNP Percy Tenorio, acusado de coordinar los operativos policiales que facilitaron los desalojos.
La Fiscalía sostiene que estos hechos no fueron aislados, sino parte de un patrón sistemático de uso indebido del poder estatal para beneficiar a privados, comprometiendo la legalidad de las acciones ejecutadas desde el propio Ministerio de Justicia.
Fuente: La República
