Secretaría General de la CAN señala que el Estado peruano no aplicó medidas efectivas para controlar la minería ilegal en la Amazonía y prorroga procesos que obstaculizan la formalización minera
La Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (SGCAN) resolvió que el Estado peruano incumplió sus obligaciones comunitarias en la lucha contra la minería ilegal, tras una denuncia presentada en junio por líderes indígenas y representantes de 33 comunidades campesinas e indígenas de la cuenca del río Nanay, en Loreto.
En la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 6 de octubre, la SGCAN destacó que Perú no adoptó las medidas necesarias para prevenir y controlar la minería ilegal, señalando que la prórroga constante del Registro de Formalización Minera (Reinfo) ha dificultado la aplicación efectiva de la formalización minera. Además, se indicó que el país no fortaleció mecanismos para la extinción de dominio sobre bienes vinculados a la minería ilegal y delitos conexos.
La comunidad andina recomendó que el Perú ajuste su marco normativo conforme a la política andina, y se abstenga de implementar medidas que obstaculicen la regularización de la minería artesanal y en pequeña escala. Asimismo, estableció un plazo de 20 días hábiles para que el Estado peruano informe sobre las acciones adoptadas para corregir el incumplimiento. Esta resolución busca proteger los derechos de las comunidades indígenas y garantizar la protección del medio ambiente en la Amazonía peruana.
