Denuncian vulneración de derechos territoriales y colectivos de pueblos indígenas al permitir formalización de posesiones en tierras comunales sin consulta previa.
Las comunidades campesinas de la región Puno han anunciado una contundente respuesta frente a la reciente promulgación por insistencia de la Ley N° 32293, que permite la formalización de posesiones informales establecidas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, incluso sobre territorios comunales.
Esta normativa, impulsada por los grupos parlamentarios Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, ha generado un amplio rechazo en la región altiplánica, por considerar que vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política del Perú.
Durante una reunión sostenida ayer en el distrito de Acora, más de 100 comunidades de la región, acordaron rechazar categóricamente esta ley y respaldar la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, así como su participación activa en un próximo paro preventivo de alcance macrorregional, en coordinación con comunidades de otras regiones del país.
El Apu Mallku del Consejo de Autoridades Originarias de la Región Puno, Leopoldo Dante Quispe Quispe, denunció que la normativa deja a las comunidades campesinas e indígenas expuestas al despojo de sus territorios, al permitir la titulación individual de posesionarios sin consulta previa y desconociendo el principio de libre determinación.
“Esta ley vulnera el derecho a la propiedad colectiva consagrado en los artículos 88 y 89 de la Constitución. Es un intento por entregar nuestras tierras a intereses privados y transnacionales para explotaciones mineras, construcción de represas y otros proyectos, sin respetar la voluntad de las comunidades”, expresó. Motivo por el cual anunció que se está elaborando un documento jurídico para solicitar la inconstitucionalidad de la norma y exigir su derogatoria inmediata.
