Poder Judicial lo halla responsable como autor mediato en el caso ‘sobres bomba’, ocurrido en 1991, que también dejó otras víctimas y atentados
El Poder Judicial del Perú condenó a 20 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos por el delito de homicidio calificado en agravio de la periodista Melissa Alfaro Méndez, en el marco del denominado caso ‘sobres bomba’, uno de los episodios más graves de violencia política en la década de 1990.
La sentencia fue emitida por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional, que determinó la responsabilidad de Montesinos como autor mediato del crimen. En el mismo proceso, el coronel en retiro del Ejército Víctor Penas Sandoval fue señalado como autor directo del homicidio, así como de otros atentados vinculados al caso.
Además del asesinato de Alfaro, el tribunal consideró otros hechos relacionados, como la muerte del ciudadano Víctor Ruiz y los intentos de homicidio contra el defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz, el exparlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.
Los hechos se remontan a 1991, cuando se registraron una serie de atentados con explosivos ocultos en correspondencia, conocidos como ‘sobres bomba’, que causaron la muerte de Melissa Alfaro y Víctor Ruiz entre junio y octubre de ese año. De acuerdo con la acusación fiscal, estas acciones formaban parte de una estrategia antisubversiva en la que se habría elaborado y utilizado este tipo de artefactos para atacar a personas consideradas afines o cercanas a posturas críticas del gobierno.
En ese contexto, el semanario Cambio, medio donde laboraban algunas de las víctimas, fue señalado en su momento por el gobierno como presunto vocero del grupo subversivo MRTA, lo que habría motivado los ataques.
Montesinos, quien fue asesor del expresidente Alberto Fujimori, ya cumple otras condenas por violaciones a los derechos humanos en los casos Caso Pativilca y Caso La Cantuta. Con estas sentencias acumuladas, permanecerá en prisión hasta el 30 de septiembre de 2037.
Este nuevo fallo reafirma la responsabilidad penal de altos funcionarios en hechos de violencia ocurridos durante el conflicto interno en el país, y constituye un avance en los procesos de justicia por violaciones a los derechos humanos en el Perú.
Fuent: Rpp
