Comisión de Justicia dio luz verde, por unanimidad, al proyecto que endurece las penas contra efectivos que desvíen armas o brinden apoyo a mafias
En un hecho histórico y sin precedentes recientes, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó por unanimidad un proyecto de ley que establece la pena de cadena perpetua para miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) que colaboren con organizaciones criminales o desvíen armamento a su favor.
La medida, presentada por el congresista Isaac Mita (Perú Libre), busca agravar las sanciones actuales —de 25 a 35 años de cárcel— al considerar que no disuaden suficientemente este tipo de delitos. El dictamen fue aprobado sin debate y contó con el respaldo de una amplia representación multipartidaria.
Más dureza contra la corrupción interna
La propuesta consiste en modificar el artículo 65 del Código Penal Militar Policial, añadiendo un segundo párrafo que sanciona con cadena perpetua a los policías o militares que instruyan o entreguen material bélico a bandas delictivas o grupos armados ilegales cuyas acciones provoquen muertes o lesiones graves.
Durante el análisis de la propuesta, el Ministerio Público respaldó la iniciativa, destacando que representaría un avance crucial en la lucha contra el crimen organizado y fortalecería la seguridad nacional. “Es una respuesta jurídica específica y robusta frente a amenazas que afectan la estabilidad del país”, señaló.
En contraste, otras entidades clave como el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Lima no presentaron opinión sobre el dictamen.
Un contexto alarmante
Según cifras presentadas en la comisión, más de 23,000 policías y militares han sido involucrados en faltas graves, actos ilegales o delitos en los últimos seis años. Solo en 2023, mil efectivos fueron dados de baja por corrupción o nexos con el crimen organizado, lo que resalta la urgencia de una respuesta legislativa contundente.
El dictamen ahora deberá pasar al Pleno del Congreso para su debate y eventual ratificación. De aprobarse, representará un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden, buscando restaurar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
