Congreso aprueba dictamen para crear banco de ADN bajo control exclusivo de la PNP, sin intervención de Fiscalía


Congreso de la República
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Polémica por la exclusión del Ministerio Público en la gestión de datos sensibles y el control total de la información genética por parte de la Policía Nacional del Perú

La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó este martes el dictamen que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG), una medida que ha dividido opiniones y generado controversia en el ámbito político y social. Con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, la iniciativa fue respaldada principalmente por los miembros de Fuerza Popular, quienes argumentaron que el nuevo banco de ADN fortalecerá la lucha contra el crimen organizado y mejorará la eficiencia en la identificación de delincuentes y víctimas.

El dictamen establece que el BNDPG será administrado exclusivamente por la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que ha suscitado cuestionamientos sobre el manejo de información sensible sin la supervisión de entidades como el Ministerio Público o el Instituto de Medicina Legal (IML), quienes poseen experiencia en criminalística y análisis forense.

¿Qué implica este dictamen?

El Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos tendrá como función almacenar muestras de ADN no codificante de personas investigadas, detenidas, condenadas y hasta víctimas de delitos. Esta medida, aunque respaldada por algunos sectores como una herramienta moderna y científica para la resolución de crímenes, ha sido rechazada por varios congresistas, quienes alertan sobre el peligro de concentrar información tan sensible en una sola institución.

Posiciones enfrentadas

Durante el debate en la Comisión, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi defendió la propuesta, asegurando que el BNDPG permitirá comparar perfiles genéticos en investigaciones policiales y fortalecerá la lucha contra la criminalidad. «Es una base de datos científica, segura y moderna», indicó.

Sin embargo, la congresista Ruth Luque, quien votó en contra del dictamen, expresó su preocupación por la falta de garantías en cuanto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, señalando que la medida podría vulnerar la presunción de inocencia. “Se excluye al Ministerio Público de toda la propuesta, es como si esta entidad no existiera. Me sorprende, porque la Constitución establece que la conducción de la investigación está liderada por Fiscalía”, declaró.

Controversia sobre la exclusión de la Fiscalía

Uno de los puntos más polémicos de esta iniciativa es la exclusión total del Ministerio Público en la gestión de la información genética, a pesar de que la Fiscalía tiene un papel crucial en la conducción de las investigaciones penales. Además, el dictamen no diferencia entre personas condenadas, investigadas o víctimas, lo que abre la puerta a la recolección de ADN sin que exista una sentencia firme, lo que ha generado dudas sobre los riesgos que esto implicaría para los derechos humanos.

Implicancias legales y sociales

La creación del Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos bajo el control exclusivo de la PNP plantea interrogantes sobre la privacidad y el manejo ético de los datos personales, especialmente en un contexto de desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia. Si bien se trata de una herramienta que podría contribuir a la resolución de crímenes, su implementación sin la supervisión de organismos civiles o fiscales genera temores sobre el abuso de poder y la violación de derechos fundamentales.