La norma reduce plazos de restricción para exfuncionarios y flexibiliza contrataciones de sus familiares, generando preocupación sobre posible tráfico de influencias.
El Congreso de la República aprobó en el 2024 la Ley N.º 32 069, que establece la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, introduciendo modificaciones significativas en la normativa previa sobre contrataciones del Estado. Con un respaldo mayoritario de 191 votos a favor, 17 abstenciones y 2 en contra, la norma entrará en vigor el próximo 22 de este mes de este año.
Al respecto, el especialista en temas políticos, Rolando Jiménez, precisó que uno de los cambios más relevantes se encuentra en el Artículo 30, el cual reduce ciertos plazos y amplía las posibilidades de contratación para funcionarios y sus familiares.
“El Artículo 301 mantiene la prohibición de contratación con el Estado para el presidente de la República, congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, vocales supremos y miembros del Jurado Nacional de Elecciones. No obstante, el tiempo de restricción tras dejar el cargo se ha reducido de un año a solo seis meses, lo que permitirá a estas autoridades contratar con el Estado en un menor plazo”, dijo.
Asimismo, la modificación del Artículo 3.2 flexibiliza las restricciones para los familiares de altos funcionarios, es decir que anteriormente, ningún familiar de congresistas podía contratar con el Estado a nivel nacional, pero con la nueva ley, la prohibición se limita solo al Congreso, permitiendo que los familiares de legisladores celebren contratos con otras entidades estatales, como gobiernos regionales y municipalidades.
“Si antes se restringía a un año después desde que un funcionario salga del poder, ahora los familiares según el Congreso podrán hacer contrataciones con el Estado Peruano después de los 6 meses, con cualesquiera instituciones menos con el Poder Legislativo, lo podrán hacer y con ello podría propiciarse como un tráfico de influencias”, advirtió.
Además, mencionó que, la próxima instauración de un sistema parlamentario bicameral en 2026 podría dificultar cualquier intento de revertir estas modificaciones, ya que las futuras leyes tendrán que ser debatidas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Esto podría generar un prolongado periodo de incertidumbre en la regulación de las contrataciones estatales.
“Figuras como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón han manifestado su intención de participar en las próximas elecciones, lo que podría influir en el destino de estas reformas. La reaparición de Cerrón, a pesar de su situación de clandestinidad, ha puesto en duda la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias normas en materia de seguridad y corrupción”, agregó.
