La norma beneficiaría a implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, organismos de derechos humanos alertan sobre un grave retroceso y el riesgo de impunidad.
El Congreso de la República ratificó el miércoles 9 de julio de 2025, con 16 votos a favor y 11 en contra, la cuestionada Ley de Amnistía impulsada por la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi. Esta norma permite que policías, militares y miembros de comités de autodefensa investigados o procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980–2000) puedan acogerse a la amnistía, siempre que no cuenten con una sentencia firme. La única excepción contempla a quienes hayan sido condenados por terrorismo o corrupción.
La ley también extiende sus beneficios a personas mayores de 70 años ya sentenciadas por casos emblemáticos, como los de Barrios Altos y La Cantuta, en donde se documentaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Durante el debate, el congresista Jorge Montoya reconoció que hubo excesos por parte de las fuerzas de seguridad, pero aseguró que no se trató de asesinatos sistemáticos, y defendió la amnistía como una forma de «saldar la deuda moral del Estado» con quienes combatieron al terrorismo.
Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otros colectivos rechazaron la medida, calificándola de un grave retroceso en la búsqueda de justicia y verdad. Advirtieron que más de 150 condenas firmes y alrededor de 600 procesos —incluyendo torturas y desapariciones— podrían quedar impunes. Además, criticaron que la iniciativa contraviene sentencias internacionales e infringe obligaciones del Perú, lo que podría dar lugar a una crisis de impunidad y debilitar el sistema judicial.
