Con 12 votos a favor y 10 en contra, la Comisión Permanente ratificó el informe que exonera a la presidenta de responsabilidad penal por más de 50 muertes durante las movilizaciones sociales de 2022 y 2023
El Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, relacionados con la represión de las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que dejaron más de 50 personas fallecidas.
La Comisión Permanente, con 12 votos a favor y 10 en contra, ratificó el informe aprobado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el cual concluyó que no existía vinculación directa ni dolo penal atribuible a la mandataria. Con esta decisión, se cierra el proceso legal en sede parlamentaria contra Boluarte y varios de sus exministros, incluidos Pedro Angulo (ex premier), Alberto Otárola (Defensa), y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero (Interior).
El informe, impulsado inicialmente por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, fue rechazado pese a los pedidos de reconsideración presentados por los congresistas Wilson Quispe Mamani (Juntos por el Perú) y Flavio Cruz Mamani (Perú Libre). Ambos intentos de reabrir la votación fueron desestimados por mayoría.
La votación reveló una clara línea de blindaje político desde las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia, que respaldaron el archivo de la denuncia. En contraposición, se opusieron legisladores de Perú Libre, Podemos Perú, la Bancada Socialista, Bloque Democrático y Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, quienes cuestionaron el cierre de investigaciones y la falta de justicia para las víctimas.
Este desenlace vuelve a poner en evidencia la polarización del Congreso y la debilidad institucional frente a casos graves de derechos humanos, generando indignación entre organizaciones civiles y familiares de las víctimas que aún reclaman justicia por los hechos de violencia ocurridos durante el inicio del gobierno de Boluarte.
Fuente: La República
