Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia de la Fiscalía, desatando debate sobre ética y transparencia.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró improcedente la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra once congresistas por presunta doble remuneración.
La denuncia involucraba a los legisladores José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez, acusados de la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
Según el Ministerio Público, los congresistas habrían favorecido la aprobación de un dictamen que les permitía recibir simultáneamente sueldo y pensión, lo que violaría principios de incompatibilidad en el ejercicio de funciones públicas. Sin embargo, la subcomisión, presidida por María Acuña de Alianza para el Progreso (APP), resolvió archivar la denuncia al considerarla improcedente.
La decisión de la subcomisión ha generado diversas reacciones en el ámbito político y ciudadano, reavivando el debate sobre la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
