Ley 32551 elimina de forma permanente la exigencia de maestría o doctorado para un grupo de catedráticos
El Congreso de la República publicó el 9 de enero, en el diario oficial El Peruano, la Ley N.° 32551, que modifica la Ley Universitaria (Ley N.° 30220) y permite que docentes universitarios sin maestría ni doctorado continúen ejerciendo la docencia, siempre que hayan sido nombrados bajo el marco de la derogada Ley N.° 23733, vigente antes de 2014.
La norma, que ha generado críticas y debate en redes sociales, elimina de manera permanente la obligatoriedad del posgrado para este grupo específico de docentes, con el objetivo de garantizar la continuidad académica y evitar su exclusión por no cumplir requisitos que no existían al momento de su ingreso a la carrera universitaria.
Actualmente, la Ley Universitaria establece como requisito el grado de maestro para dictar clases en pregrado, el grado de maestro o doctor para programas de maestría y especialización, y el grado de doctor para la docencia doctoral. Sin embargo, la nueva ley precisa que estos requisitos serán opcionales para los docentes que ingresaron durante y hasta la vigencia de la Ley 23733, quienes también quedarán exonerados de los criterios de admisión y promoción establecidos en la normativa actual.
La excepción no alcanza a los nuevos docentes universitarios, quienes deberán cumplir obligatoriamente con los requisitos académicos vigentes al momento de su contratación.
Además, la Ley N.° 32551 amplía hasta el 30 de diciembre de 2026 el plazo de adecuación para que docentes de universidades públicas y privadas obtengan los grados académicos exigidos por la Ley Universitaria. Esta prórroga modifica lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1496 y busca otorgar más tiempo a quienes aún se encuentran en proceso de regularización.
La norma fue promulgada por el Congreso luego de que el Poder Ejecutivo no lo hiciera dentro del plazo constitucional y lleva las firmas de Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Parlamento, y Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente.
Con esta decisión, se suma una nueva ampliación a una serie de prórrogas acumuladas por más de una década desde la promulgación de la Ley Universitaria en 2014, marcando un cambio significativo en el régimen de exigencias académicas para un sector del profesorado universitario.
